Cuando la justicia llega tarde: el caso Arias Infraestructuras y el impacto irreversible de una decisión administrativa errónea

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la retirada de la clasificación como contratista público de Arias Infraestructuras plantea una reflexión que trasciende el caso concreto: ¿qué ocurre cuando una decisión administrativa errónea se corrige, pero lo hace demasiado tarde?

El fallo es claro desde el punto de vista jurídico. La Administración interpretó de forma incorrecta los requisitos de solvencia económica y financiera, en particular en lo relativo al cómputo del patrimonio neto. En contra de lo sostenido en su momento, los préstamos participativos debían ser considerados como parte de ese patrimonio neto, conforme a la normativa mercantil y a la jurisprudencia consolidada.

Sobre esta base, el Tribunal anula la retirada de la clasificación que permitía a Arias Infraestructuras contratar con las Administraciones Públicas. Y lo hace de forma contundente: la decisión no era conforme a Derecho.

Sin embargo, cuando llega este reconocimiento judicial, la empresa ya no existe.

Un error jurídico con consecuencias empresariales irreversibles

La retirada de la clasificación en 2022 supuso, en la práctica, la imposibilidad de operar en el principal mercado de la compañía: la contratación pública. En sectores como la construcción, esta limitación no es un mero obstáculo administrativo, sino una restricción directa a la actividad.

Como consecuencia, la empresa entró en concurso de acreedores ese mismo año y terminó siendo liquidada.

El expresidente de la compañía, Mario Barcenilla, lo resume con claridad: “La empresa hubiese salido adelante”. Más allá de la valoración personal, lo relevante es que la propia sentencia reconoce que la decisión que provocó ese escenario carecía de base jurídica suficiente.

Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto especialmente ilustrativo: una actuación administrativa que, siendo posteriormente anulada, ha producido ya efectos irreversibles sobre la viabilidad de una empresa.

La lentitud de la justicia y el riesgo sistémico para las empresas

Este caso pone de relieve una realidad incómoda: el sistema de revisión judicial, aun funcionando correctamente desde el punto de vista técnico, no siempre es eficaz desde el punto de vista económico.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la empresa. Un procedimiento contencioso-administrativo puede prolongarse durante años. Durante ese periodo, la decisión administrativa despliega todos sus efectos. Si esos efectos afectan a elementos estructurales del negocio —como la capacidad de contratar, la liquidez o la solvencia—, el daño puede ser irreversible.

Cuando finalmente llega la sentencia, el problema jurídico se corrige. Pero el problema empresarial, en muchos casos, ya no tiene solución. En palabras del propio Barcenilla, “cuando la justicia es lenta, nos afecta a todos”.

Seguridad jurídica y responsabilidad administrativa

El caso también plantea otra cuestión relevante: el impacto que determinadas interpretaciones administrativas pueden tener sobre la supervivencia de las empresas.

La normativa aplicable no era nueva ni especialmente ambigua. La consideración de los préstamos participativos como patrimonio neto a efectos mercantiles está recogida expresamente en la legislación y respaldada por la jurisprudencia. Sin embargo, una interpretación restrictiva llevó a una decisión con consecuencias de gran alcance.

Esto obliga a reflexionar sobre el papel de la Administración en la aplicación de normas que afectan directamente a la viabilidad empresarial. No se trata solo de legalidad, sino también de prudencia y de comprensión del impacto económico de determinadas decisiones.

Una lección que trasciende el caso concreto

El caso Arias Infraestructuras no es un episodio aislado, sino un ejemplo especialmente visible de un problema más amplio: el desajuste entre los tiempos del Derecho y los tiempos de la economía.

La sentencia corrige el error jurídico. Pero también evidencia que, en determinados contextos, esa corrección puede llegar demasiado tarde.

Para las empresas, esto introduce un factor de riesgo adicional: no basta con tener razón desde el punto de vista jurídico, es necesario poder sostener la actividad hasta que esa razón sea reconocida. Y esa es, probablemente, la principal enseñanza de este caso.

Y aquí aparece una cuestión de fondo: la confianza en el sistema. La seguridad jurídica no depende únicamente de que las decisiones sean correctas, sino también de que lo sean a tiempo. Cuando la respuesta judicial llega después de que el daño sea irreversible, el sistema cumple formalmente su función, pero puede quedar cuestionado desde una perspectiva práctica.

Para empresas y operadores económicos, esto no es una cuestión teórica. La previsibilidad y la confianza en el funcionamiento de las instituciones son elementos esenciales para la toma de decisiones. Casos como este obligan a reflexionar sobre cómo reforzar esa confianza, no solo a través del acierto jurídico, sino también mediante la agilidad en su aplicación.