Fragmentar un proyecto fotovoltaico para evitar requisitos regulatorios puede anular su autorización

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado recientemente una sentencia relevante para el desarrollo de proyectos renovables en España. En ella, el Tribunal anula la autorización administrativa previa de una planta solar al considerar que el proyecto había sido fragmentado artificialmente en varias instalaciones independientes para evitar determinadas exigencias regulatorias.

Más allá del debate jurídico, esta resolución ofrece varias lecciones importantes para empresas promotoras, inversores y compañías del sector energético, especialmente en un contexto de fuerte crecimiento delos proyectos fotovoltaicos.

Cuando varios proyectos se consideran uno solo

El caso analizado se refiere a tres plantas fotovoltaicas tramitadas de forma independiente, cada una con una potencia inferior a 50 MW. Sin embargo, en conjunto sumaban 114 MW de potencia instalada. Este umbral es relevante porque determina qué administración debe autorizar el proyecto:

• Por debajo de 50 MW, la competencia suele corresponder a la comunidad autónoma.
• Por encima de ese límite, la autorización corresponde a la Administración General del Estado.

El Tribunal concluye que, en realidad, no se trataba de tres proyectos independientes, sino de un único proyecto dividido artificialmente. Para llegar a esta conclusión se tuvieron en cuenta varios elementos que pueden resultar familiares para muchas empresas del sector y que llevaron al Tribunal a entender que existía una unidad empresarial, técnica y funcional del proyecto.

• Mismo promotor.
• Instalaciones ubicadas en parcelas colindantes.
• Infraestructuras compartidas.
• Una denominación correlativa de los proyectos. 

El impacto ambiental también debe analizarse en conjunto

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia para el sector empresarial tiene que ver con la evaluación ambiental. Cuando varios proyectos están vinculados entre sí, las autoridades deben analizar sus efectos acumulativos o sinérgicos. Es decir, no basta con evaluar cada instalación por separado si en la práctica forman parte de una misma actuación.

Según el Tribunal, la fragmentación del proyecto impidió valorar correctamente el impacto ambiental global de las instalaciones, que en conjunto ocupaban más de 267 hectáreas. Para las empresas, esto supone un recordatorio claro: la planificación ambiental debe realizarse teniendo en cuenta la escala real del proyecto.

Una cuestión estratégica para los promotores

En los últimos años, la fragmentación de proyectos ha sido una práctica relativamente habitual en el desarrollo de instalaciones renovables, especialmente en proyectos fotovoltaicos. En muchos casos responde a razones técnicas o de planificación. Sin embargo, esta sentencia demuestra que las autoridades y los tribunales analizan cada vez con mayor atención si existe realmente independencia entre los proyectos. Factores como la proximidad geográfica, el promotor, la infraestructura de evacuación o el calendario de desarrollo pueden ser determinantes para considerar que se trata de un único proyecto.

Qué deben tener en cuenta las empresas

Para promotores, desarrolladores e inversores, esta sentencia refuerza la importancia de abordar el diseño de los proyectos desde una perspectiva integral. En particular, conviene prestar especial atención a:

• La planificación conjunta del proyecto desde sus fases inciales.
• La estructura societaria y de titularidad.
• La infraestructura de evacuación.
• El alcance del impacto ambiental.

Un planteamiento fragmentado que no responda a una verdadera independencia técnica o económica puede generar riesgos regulatorios importantes.

Un entorno regulatorio cada vez más exigente

El crecimiento acelerado del sector renovable está obligando a las administraciones y a los tribunales a interpretar con mayor rigor las normas aplicables. Resoluciones como esta reflejan una tendencia clara: el análisis de los proyectos energéticos se está desplazando hacia una visión más global, tanto desde el punto de vista regulatorio como ambiental.

Para las empresas del sector, esto implica que la estrategia de desarrollo de proyectos debe integrar desde el inicio aspectos regulatorios, ambientales y de planificación territorial, evitando estructuras que puedan ser interpretadas como fragmentaciones artificiales.